Nueva York fue demandada, tras la aprobación de una instalación de minería de criptomonedas

La última derrota de la minería de criptomonedas en Nueva York fue un esfuerzo de un grupo ecologista para evitar la conversión de una central eléctrica de larga duración en una operación de minería de prueba de trabajo (proof-of-work).

La Coalición de Aire Limpio del Oeste de Nueva York y el Sierra Club presentaron el viernes una demanda contra el organismo estatal regulador, la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York. Los demandantes describieron la demanda como la “primera en exigir que un organismo estatal cumpla las obligaciones legales establecidas por” la “histórica ley climática” de Nueva York. En la demanda también se mencionan partes relacionadas.

Según el bufete de abogados medioambientales sin ánimo de lucro Earthjustice, los funcionarios estatales infringieron la Ley de Liderazgo Climático y Protección de la Comunidad (CLCPA) de Nueva York al aprobar “un negocio de minería de bitcoins Proof-of-Work (PoW) que quema combustibles fósiles”. Las solicitudes de respuesta de un representante de Earthjustice no obtuvieron respuesta inmediata.

Toda la energía en Nueva York debe generar cero emisiones para 2040, según la CLCPA, que fue aprobada en 2019 y anunciada como una medida innovadora para abordar el cambio climático. En 2021 comenzó a circular en la asamblea estatal una iniciativa para promulgar legislación que imponga una prohibición a las empresas de minería de criptodivisas que empleen técnicas PoW.

John Olsen, representante en Nueva York del grupo de presión de criptodivisas Blockchain Association, dijo que el objetivo de ese proyecto de ley era “bloquear nuevas operaciones de minería que extrajeran energía de la generación de combustibles fósiles”, aunque fuera parcialmente.

En noviembre de 2022, cuando la adquisición de Digihost ya había sido aprobada, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó oficialmente la ley.

Según fuentes de la prensa local, Digihost empezó a probar la ubicación en febrero de 2022, lo que suscitó objeciones por ruido y preocupaciones medioambientales de los propietarios de viviendas adyacentes. La empresa prometió instalar paneles de insonorización para reducir el ruido, pero en septiembre los vecinos no parecían haber notado ningún cambio.