EE.UU. Concluye Confiscación de $400 Millones Relacionados con Helix en la Darknet

Las autoridades de EE. UU. han completado la confiscación de más de 400 millones de dólares en activos relacionados con Helix, un mezclador de criptomonedas del darknet utilizado para blanquear ingresos de mercados de drogas en línea y otras actividades delictivas.

El gobierno obtuvo el título legal de los activos en cuestión la semana pasada, tras una orden final emitida por un juez federal el 21 de enero.

Helix fue un servicio de mezcla ampliamente utilizado en el darknet que comenzó sus operaciones en 2014, procesando aproximadamente 354,468 Bitcoin, valorados en unos 311 millones de dólares en ese momento, según un

comunicado

del DOJ el jueves.

La mayor parte de la criptodivisa involucrada provenía o estaba destinada a «mercados de drogas del darknet», con su operador reteniendo «un porcentaje de estas transacciones como comisiones y tarifas por operar Helix», indicó el DOJ.

Un servicio de mezcla como Helix actúa como una herramienta en los mercados del darknet que oscurece el origen y el destino de las criptomonedas al agrupar y redistribuir fondos, lo que hace que las transacciones sean más difíciles de rastrear. El término

darknet

se refiere a partes de Internet no indexadas por los motores de búsqueda estándar y normalmente se accede a ellas mediante herramientas como Tor para permitir el anonimato.

El operador de Helix, Larry Dean Harmon, construyó la plataforma y el motor de búsqueda Grams para integrarse directamente con los principales mercados del darknet, cobrando tarifas por transacciones que los investigadores rastrearon posteriormente hasta «decenas de millones de dólares», según el comunicado del DOJ.

«Helix es un ejemplo de un servicio construido específicamente para limpiar dinero de los mercados del darknet, no de una herramienta de privacidad neutral que fue mal utilizada más tarde, y su eliminación trata esa infraestructura como cualquier otra parte de una cadena de suministro criminal», afirmó Ari Redbord, jefe global de política y asuntos gubernamentales de TRM Labs, en una entrevista con
Decrypt.

Las acciones del DOJ parecen ser «la eliminación de un centro de blanqueo construido para un propósito específico», lo que obliga a los actores ilícitos a abandonar un servicio integrado y de confianza y buscar caminos menos directos y más expuestos», agregó.

«Puede parecer una especie de juego de golpear topos, pero cada derribo añade una fricción real al proceso de blanqueo al romper rutas familiares y empujar fondos hacia canales nuevos y más rastreables, por lo que, incluso cuando la actividad cambia, se vuelve más lenta y arriesgada», subrayó.

El caso

El
gobierno de EE. UU.
presentó un
caso civil
contra Harmon basado en violaciones de la Ley de Secreto Bancario relacionadas con la operación del servicio desde 2014 hasta 2017.

Los fiscales afirmaron que Harmon manejó Helix como un negocio de servicios monetarios no registrado, ocultando la fuente de las transacciones de Bitcoin, procesando más de 1.2 millones de transferencias por un valor superior a 311 millones de dólares en ese momento.

Los documentos judiciales alegan además que Harmon nunca registró a Helix en la Red de Control de Delitos Financieros, no implementó un programa de prevención de lavado de dinero y no presentó informes sobre actividades sospechosas.

Posteriormente, Harmon se convirtió en CEO de Coin Ninja, un negocio de servicios monetarios registrado que también ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y promovía una función de mezcla separada.

El producto DropBit de Coin Ninja permitía transferencias de Bitcoin a través de mensajes de texto o redes sociales y fue comercializado por Harmon como una forma de eludir los requisitos de KYC (conozca a su cliente), según un

caso civil separado

de 2022.

Las autoridades también señalaron que el servicio fue utilizado para mover fondos vinculados a ventas de drogas, fraude, explotación infantil y grupos extremistas.

La acción civil sigue a un caso criminal en el que Harmon fue

acusado

en 2019 y

se declaró culpable

en 2021 de conspirar para lavar dinero. FinCEN

impuso

una sanción civil en octubre de 2020 que sigue sin pagarse.